La comunidad de criptomonedas está preocupada por el impacto que tendrá el proyecto de ley de infraestructuras en el sector DeFi

Los miembros de la comunidad de criptomonedas se han manifestado recientemente sobre el proyecto de ley de infraestructura de un billón de dólares que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos tenía previsto votar esta semana. La legislación incluye una disposición de información de criptoimpuestos, junto con el establecimiento de una definición para el término “broker”. 

Los legisladores de la Cámara de Representantes declararon que la votación del proyecto de ley de infraestructuras tendría lugar el jueves 30 de septiembre, pero la congresista Nancy Pelosi anunció el 29 de septiembre que la votación del proyecto de ley de infraestructuras se retrasaría más allá del jueves. Fuentes de los medios de comunicación han señalado desde entonces que el proyecto de ley de infraestructuras podría votarse durante el viernes 1 de octubre.

Aunque las inminentes implicaciones del proyecto de ley de infraestructuras pueden parecer obvias, algunos miembros de la comunidad de criptomonedas expresaron sus preocupaciones específicas con respecto a la legislación durante un panel de “pregúntame cualquier cosa” organizado por la Enterprise Ethereum Alliance el 29 de septiembre.

Ryan Selkis, CEO y cofundador de Messari (una empresa de datos e investigación de criptoactivos) cree que el proyecto de ley de infraestructura pretende designar a cualquiera que participe en las plataformas DeFi como corredores: “Esto incluye a los stakers, validadores, desarrolladores de software y más. El lenguaje aquí es técnicamente inviable”.

Jeremy Sklaroff, consejero general de Edge & Node (el equipo que trabaja en todo el ecosistema de The Graph en iniciativas de descentralización y gobernanza) añadió que aunque el lenguaje del proyecto de ley de infraestructura es probable que se apruebe, demuestra injustamente una forma amplia de definir a los participantes dentro del ecosistema blockchain:

“Los validadores y mineros de la red prestan un servicio y a menudo ganan una comisión por transacción por su trabajo. Si este proyecto de ley se aprueba, los validadores y mineros estarían actuando esencialmente como intermediarios. Sin embargo, lo más preocupante para mí son los desarrolladores de software. Si un equipo mantiene contratos inteligentes para una plataforma DeFi y gana una comisión o tiene incentivos con un token de gobernanza, entonces este equipo probablemente se convierte en un broker”.

Según Sklaroff, los validadores de la red, los mineros, los desarrolladores de software y otros miembros de un ecosistema descentralizado no deberían considerarse brokers tradicionales, ya que se trata de participantes anónimos. Por ello, Sklaroff cree que el cumplimiento de esta sección del proyecto de ley de infraestructuras sería prácticamente imposible.

Además de definir quién puede ser un corredor, Sklaroff señaló que la referencia del proyecto de ley de infraestructuras a la lucha contra el blanqueo de dinero (AML) y al conozca a su cliente (KYC) también podría ser perjudicial para los protocolos DeFi. En concreto, el proyecto de ley obliga a los bokers a informar sobre el conocimiento del cliente en cualquier transacción de activos digitales que supere los USD 10,000.

Aunque la nueva legislación pretende poner énfasis en los sistemas de información de KYC y fiscal de un corredor, Sklaroff explicó que aquellos que no cumplan con la normativa podrían enfrentarse a sanciones o incluso a penas de cárcel. A su vez, Selkis comentó que el proyecto de ley de infraestructuras probablemente acabaría con la innovación de DeFi en EE.UU. “El proyecto de ley modificaría la sección 6050I del IRC, otorgando a KYC y AML un amplio rango para las transacciones peer-to-peer. Los receptores de USD 10,000 o más en activos digitales tendrían que reportar esta información al IRS, de lo contrario se enfrentarían potencialmente a [cargos] por delitos graves”.

Al punto de Sklaroff, Selkis agregó que los reguladores parecen estar más preocupados por los protocolos DeFi en lugar de Bitcoin (BTC) y tokens no fungibles, o NFT:

“Bitcoin y los NFT están en una posición relativamente segura. El proyecto de ley de infraestructura realmente se centra en los instrumentos financieros construidos utilizando plataformas de contratos inteligentes que están tratando de rediseñar la banca y los préstamos tradicionales”.

El proyecto de ley de infraestructura ataca todos los niveles de la industria de las criptomonedas

Mientras que los protocolos DeFi pueden ser los más afectados por el proyecto de ley de infraestructura, Sklaroff remarcó que la legislación propuesta ataca a cada industria dentro del ecosistema de criptomonedas.

Por ejemplo, el lenguaje propuesto en el proyecto de ley podría definir a los mineros como brokers. Si este es el caso, el proyecto de ley exigiría a las empresas mineras que proporcionen información al IRS, como la ganancia neta imponible o menos, la identidad de los compradores y vendedores, los importes de las transacciones, la ubicación de las transacciones y más. Sin embargo, los mineros no tendrían forma de recopilar estos datos, ya que sólo validan los bloques y no la información que contienen. Como resultado, los mineros no podrían cumplir la ley y, por tanto, tendrían que dejar de operar en Estados Unidos.

Esto es particularmente preocupante para Sklaroff, ya que mencionó que Estados Unidos generalmente intenta marcar la pauta regulatoria para el resto del mundo: “Si no tenemos éxito en aclarar el lenguaje de este proyecto de ley, no me sorprendería que otras naciones adoptaran algo similar”.

En una nota más ligera, John Whelan, presidente de la Enterprise Ethereum Alliance, dijo a Cointelegraph que las instituciones que adoptan medidas DeFi aseguran que el KYC y el AML se tienen en cuenta, lo que podría ayudar a avanzar el ecosistema DeFi incluso si se aprueba el proyecto de ley de infraestructura: “Todo el dolor desaparece con AML y KYC desde un punto de vista institucional. Una vez que sabes con quién estás interactuando y entiendes que no hay posibilidad de que los fondos vayan a donde no deben ir es lo que los bancos hacen de todos modos”.

Selkis dijo además a Cointelegraph que el hecho de que más instituciones se interesen por DeFi puede ser, en efecto, un desarrollo positivo para el ecosistema más amplio, pero sólo si estos sistemas son interoperables:

“Estamos empezando a ver un mayor interés institucional en DeFi, y creo que eso puede ser positivo para el desarrollo del ecosistema en general, pero sólo funciona si estos sistemas son interoperables y el marco político no elimina la capacidad de experimentar entre iguales. […] Un marco normativo de sentido común consistiría en garantizar que los intermediarios centralizados sigan estando regulados como ya lo están”.

Aunque esto puede ser, Sklaroff dijo a Cointelegraph que una cuestión clave cuando se habla del proyecto de ley de infraestructura se convierte entonces en si un proyecto DeFi es realmente descentralizado o no:

“Si el IRS está buscando hacer cumplir ciertos requisitos, uno debe ser capaz de señalar a una persona, empresa o grupo de personas identificables que puedan decir: ‘De acuerdo, ustedes como este grupo identificable violaron esta parte del código tributario, y entonces aquí están sus multas'”.

Sin embargo, Sklaroff señaló que si un proyecto DeFi está realmente descentralizado, no hay ninguna entidad a la que acudir para hacer cumplir la ley o de la que esperar que se cumpla: “Ahí es donde realmente se dirigen todas estas cuestiones regulatorias ahora mismo”.

Repercusiones a largo plazo de la ley de infraestructuras

Aunque las consecuencias del proyecto de ley de infraestructuras aún están por determinar, Sklaroff señaló que si Estados Unidos sigue impulsando una legislación inviable, en última instancia el país se perderá una importante ola de innovación: “Otros países estarán ahí para recoger el testigo y puede que no compartan los mismos valores que Estados Unidos en torno a la democracia, los derechos humanos y demás”.

Aunque las implicaciones negativas del proyecto de ley de infraestructuras son evidentes, Selkis añadió que un buen efecto a largo plazo es el hecho de que la comunidad de criptomonedas se centra ahora en el desarrollo de comités para la elaboración de políticas y debates para ayudar a educar a los reguladores sobre cómo funciona la industria: “El único efecto bueno a largo plazo es que la comunidad de criptomonedas de EE.UU. está desarrollando anticuerpos y organizando realmente debates para la elaboración de políticas”.

Aunque se trata de un paso en la dirección correcta, Sklaroff comentó que el proyecto de ley de infraestructuras demuestra que la industria de las criptomonedas debe seguir intensificando sus esfuerzos para educar a los responsables políticos:

“Tienen que conocer la diferencia entre prueba de participación y prueba de trabajo. Se trata de una parte fundamental de la industria y de cómo se hacen las cosas. Esta educación técnica ayudará a los responsables políticos a ver lo absurdo de estos proyectos de ley mal redactados, al tiempo que les permitirá aprender cómo estas tecnologías pueden ayudar a mejorar sus trabajos”.

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